A PROPÓSITO DEL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES TERCERIZADOS DEL FERROCARRIL ROCA Y EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA
Por Guillermo Pérez Crespo (*)
Enero 2011
1. En octubre de 2010, trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, con apoyo de militantes de organizaciones sociales y políticas, intentaron realizar un corte de vías en reclamo de su reconocimiento como personal de planta y encuadramiento en el convenio ferroviario. Atacados por gente armada llevada al lugar por dirigentes de la Unión Ferroviaria, un joven militante del Partido Obrero fue cobardemente asesinado y otros militantes heridos, una de ellos de gravedad.
Este hecho ganó cierto espacio en los medios de prensa y quizás por primera vez el tema de los trabajadores tercerizados como mecanismo de precarización de derechos llegó al debate público con tanta repercusión. No así la existencia de esos aparatos armados de algunas direcciones sindicales, la que cada tanto aparece reflejada por escaso tiempo en la prensa y sobre la cual hay por lo menos un conocimiento superficial –aunque confuso- por parte de la sociedad.
Desde algunos sectores políticos de oposición se salió prestamente a adjudicar al gobierno la responsabilidad del hecho, y desde éste se reaccionó casi con igual prontitud en afirmar su total falta de responsabilidad y –tras un primer instante de vacilación- anunciar el total apoyo a la investigación de lo sucedido y la detención y juzgamiento de los responsables, algunos de ellos importantes dirigentes de la citada organización sindical.
Otras dos acciones llevadas a cabo por el oficialismo como consecuencia directa de los hechos narrados fueron la intervención del Ministerio de Trabajo para garantizar el pase de los subcontratados del Ferrocarril Roca a planta permanente, incluyendo la reincorporación de despedidos, y la reactivación de varios proyectos legislativos sobre regulación de los derechos de los trabajadores en similar situación (de reforma del actual art. 30 de la ley de contrato de trabajo).
A su vez algunos fuertes sectores sindicales salieron a ejercer presión en un intento de fijar límites a la investigación y a la incorporación masiva de los contratados a la empresa que es titular de la concesión de este servicio ferroviario (Ugofe, en realidad una unión de empresas que recibió la adjudicación del mismo cuando fue separado por diversos incumplimientos el grupo económico dirigido por Taselli).
Otros agrupamientos gremiales (seccionales de la Unión Ferroviaria correspon-dientes a las líneas Sarmiento y Belgrano sur, Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, varios sindicatos de la CTA y de la CGT, comisiones y cuerpos de delegados de distintos establecimientos) realizaron diferentes acciones de protesta por lo ocurrido y se unieron al reclamo de investigación y condena a los culpables, y varias organizaciones sociales y políticas llevaron a cabo marchas y actos en igual sentido.
La investigación judicial, llevada en principio con bastante eficacia, permitió comprobar que el bando de los atacantes estaba integrado por algunos dirigentes de la UF, varios de ellos de importancia y con subordinación directa a su secretario general Pedraza, delegados gremiales y otros trabajadores de la línea, y varios matones identificados como “barras bravas” de distintos clubes de fútbol de la zona. Hasta aquí un breve resumen de los hechos, que por supuesto no agrega nada a lo ya dicho y reiterado en los distintos medios pero que sirve de sustento a algunas reflexiones que vienen al caso.
2. La primera cuestión sobre la que reflexionar es la relativa a la subcontratación como estrategia empresaria. Más allá de la rápida respuesta del Ministerio de Trabajo, en realidad la misma es apenas sí un intento de cerrar un conflicto en particular pero en modo alguno un paso hacia la solución integral de la situación precaria de decenas de miles de trabajadores subcontratados en todo el país. Solución integral que por otra parte está fuera de las posibilidades del ámbito ministerial, aunque es innegable que desde ahí se podría aportar hacia la misma con bastante más eficacia que la expuesta hasta ahora.
Es que ya desde hace varias décadas la fragmentación empresaria viene constituyendo, a la par de las nuevas formas de gestión del trabajo y de la expulsión del régimen de protección laboral de amplios sectores trabajadores identificados falsamente como “autónomos” o “cuentapropistas”, estrategia esencial al desarrollo del capital a nivel mundial.
Por razones de competitividad interempresaria, pero también de respuesta a los fuertes reclamos de los trabajadores, en la década del setenta se extendió, im-puesto desde los sectores empresarios, un nuevo modelo de relacionamiento laboral donde deben convivir sectores trabajadores con cierta estabilidad contractual, condi-ciones de trabajo y salarios relativamente altos, con otros trabajadores absolutamente precarizados, sin estabilidad, con condiciones de trabajo deficientes y salarios bajos de mínima subsistencia.
Se trata de una estrategia masiva y globalizada del capital en la totalidad de las regiones y ante la cual las asociaciones sindicales (y políticas) han carecido hasta el momento de respuesta eficaz. Esta estrategia se ha impuesto sin distinción y con similar profundidad en todos los países, desarrollados o dependientes, golpeando eficazmente en una de las debilidades históricas de los sindicatos a nivel internacional.
La política de fragmentar la situación laboral de la clase trabajadora como mecanismo de división y forma de dominación de la misma no es original sino que se puede decir que apareció ya en el período temprano de acumulación originaria del capital, pero distintas condiciones históricas (relacionadas especialmente con el acelerado avance tecnológico y la profundización del fenómeno de la denominada globalización del mercado) a la par de necesidades de respuesta a problemas de producción y a los reclamos de los trabajadores en el período de posguerra (especial-mente en la década del sesenta), le permitieron encontrar nuevas formas de instrumentación que fueron desarmando las respuestas ensayadas inicialmente por las asociaciones de trabajadores a nivel mundial.
Señala el uruguayo Ermida Uriarte que la globalización de la economía aleja paulatinamente los resortes íntimos del poder del alcance del gobierno nacional y de toda otra estructura limitada por las fronteras nacionales. Agrega con lucidez que la movilidad del capital y de las comunicaciones ha producido una compresión del espacio-tiempo en tal medida, que bien podría hablarse de un fin de la geografía con bastante más propiedad y menos frivolidad que del pretendido fin de la historia.
Luego del fracaso de algunos intentos diferenciados, la común reacción de las organizaciones sindicales en los distintos países ha sido básicamente la de preservar su representatividad entre los sectores que no fueron desplazados a la periferia de los derechos laborales, abandonando de un modo u otro a su suerte a los excluidos de la centralidad del sistema. Cabe señalar que esta respuesta ha sido también posible por la aceptación de legitimidad por parte importante de los sectores beneficiados, o -mejor dicho- menos perjudicados, es decir de aquellos trabajadores no excluidos.
La contradicción se extendió al interior de los colectivos de trabajadores, y empleados estables de planta se convierten a veces en adversarios de empleados subcontratados a través de tercerizadas, de los supuestamente “trabajadores even-tuales” de las agencias de servicios temporarios o de aquellos con “contratos a plazo fijo”, de los monotributistas, autónomos, pasantes, becarios, etc. –las modalidades adoptadas para la fragmentación son cada vez más numerosas- y todos aquellos a su vez entre sí y con respecto a los “estables”. Y cuando no se consideran adversarios se sienten por los menos sujetos absolutamente ajenos a los problemas sufridos por los otros. Todo ello promovido e incentivado por hábiles políticas patronales.
En lo que hace puntualmente a la Argentina, aunque en mayor o menor medida esto se da en casi todos los países, estas estrategias no han logrado suficiente sustento en las reformas legales obtenidas por los representantes del capital y se han establecido en gran parte en violación abierta a la normativa vigente, por la sola razón de fuerza, en lo que en nuestro régimen jurídico se denomina como fraude laboral, que no es otra cosa que la expresión concreta de la denominada flexibilidad de hecho impuesta por el capital en defensa de sus intereses y en perjuicio de los trabajadores.
La extensión, complejidad y profundidad de ese fraude en las últimas décadas hace que el concepto abandone la tipicidad histórica del fraude individual para constituirse ya abiertamente en fraude de clase, impuesto por una clase social, la que detenta la propiedad del capital, en perjuicio de la clase que vive de su trabajo. Esta estrategia de división le permite al capital abaratar mano de obra, regular los reclamos laborales de unos y otros trabajadores y un fuerte disciplinamiento al interior de los lugares de trabajo. Y es tan esencial al actual modelo de acumulación que difícilmente la resistencia a la misma pueda resultar realmente eficaz a nivel de un solo país. Y menos aún si esa resistencia no tiene sustento en los propios trabajadores, con un importante grado de conciencia y organización.
3. En relación a ese último condicionamiento aparece justamente en discusión el papel de las organizaciones sindicales así como de las políticas que se pretenden representativas de los intereses de los trabajadores.
Plantean con lucidez Cifarelli y Martínez que la división del colectivo de trabajo bajo diversas formas contractuales es lo primero que aparece para los propios trabajadores, generando división y enfrentamiento y amplificando la tendencia capitalista a hacer competir a los trabajadores entre sí, lo que hace que uno de los primeros desafíos que enfrenta el movimiento obrero en los lugares de trabajo sea el de construir la unidad, un nosotros que trascienda las formas contractuales y que dé un sentido de pertenencia de clase.
Pero el balance hasta ahora ha sido negativo, más allá de reconocer la existencia de valiosas experiencias de resistencia. De un modo u otro esas estrategias del capital en los diferentes países necesitaron de una deficiente respuesta de las organizaciones sindicales y políticas que en teoría deberían haber organizado el rechazo a la misma.
El sindicalismo a nivel mundial, institucionalizado y burocratizado en su acción, y fuertemente condicionado por ideologías socialdemócratas, liberales o populistas, según sus diversas variantes, careció de respuesta eficaz y prefirió resguardar sus estructuras reduciendo su ámbito de representatividad a los sectores no excluidos.
Esto se dio en el ámbito de cada país y también en el internacional, donde la acción de las grandes multinacionales encontró apenas sí una mínima resistencia. Se puede afirmar que en la actualidad el movimiento sindical internacional se encuentra en profunda crisis y carente de respuesta, salvo en casos muy puntuales, los que por otra parte configuran apenas sí excepciones relativas y no soluciones de fondo a la ofensiva extendida del capital.
4. En lo que hace puntualmente al sindicalismo argentino, cualquier análisis del mismo debe tomar en cuenta la fuerte política represiva de los sucesivos gobiernos hacia sus corrientes clasistas. La represión hacia los sectores sindicales combativos que forjaron el Cordobazo y otros fuertes actos de resistencia a la dictadura militar de entonces, y la sufrida poco tiempo después por los trabajadores de Villa Constitución, entre otros casos, fueron apenas el preludio del brutal aniquilamiento de miles de activistas sindicales durante el genocidio llevado a cabo por la última dictadura.
Este largo proceso de años desarticuló los diferentes intentos de consolidar una corriente clasista importante al interior de un movimiento sindical de fuerte ideología corporativista estatal. En la década del noventa varias direcciones sindicales viraron abiertamente a posiciones del denominado pensamiento neoliberal, y resultaron cómplices de la fuerte ofensiva precarizadora de los sectores empresarios, en algunos casos al extremo de compartir negocios.
Claro que este grado de deterioro no se dio en todas las direcciones sindicales, pero sí ha sido general una marcada incapacidad de la mayoría para enfrentar las nuevas estrategias empresarias extendidas en las últimas décadas. Gran parte de los sindicatos aceptaron las estrategias de fraccionamiento y división impuestas a la clase desde los sectores empresarios y limitaron su accionar de representación sindical a aquellos grupos de trabajadores no excluidos, dejando afuera de toda política defensiva a trabajadores tercerizados, eventuales, y otras tantas variantes de precarización.
En este punto, la constitución de la CTA constituyó en sus inicios un intere-sante ensayo de pensar una estrategia de respuesta a estas políticas empresarias, inclusiva de los trabajadores que las mismas excluían. Sus límites y contradicciones parecen haber aparecido en toda su dimensión con la crisis interna del 2010 y la virtual división de la central. Muchos sindicatos y comisiones gremiales han ensayado respuestas inclu-sivas, algunas de ellas revelándose eficaces en mayor o menor medida, y otras fraca-sando en forma manifiesta.
Los distintos resultados no sólo dependen de la capacidad y conciencia de las direcciones sindicales sino también de cuestiones que hacen a la relación de fuerzas en la coyuntura particular; este último punto tiene mucho que ver con las caracte-rísticas particulares de la actividad o del establecimiento.
Han habido ensayos que primero obtuvieron resultados negativos y luego pudieron consolidar en soluciones positivas y a la inversa. Otros de eficacia general en relación con alguna forma de fragmentación y relativa o nula con relación a otras formas precarizadoras. En algunos casos estas peleas contaron con el apoyo activo de la estructura sindical, que a veces dirigió y coordinó la táctica, en otros con un apoyo menor o la abstención y en otros tantos con la oposición más o menos encubierta de la misma.
Son unas cuantas las experiencias de respuesta sindical que han conseguido romper con la fragmentación, ya sea mediante la incorporación a planta de los subcontratados o la transformación de los contratos eventuales en permanentes o el reconocimiento de pasantes o monotributistas como empleados dependientes, o por lo menos han condicionado la estrategia empresaria obteniendo de los trabajadores una respuesta común a cualquier ofensiva del empleador hacia alguno de los sectores en particular.
En muchos de estos casos la condición previa fue un fuerte trabajo de concientización al interior de la misma base, de ruptura del discurso ideológico empresario asumido a veces por los propios trabajadores.
Esto no ha resultado fácil y hay ejemplos de estrategias de respuesta sindical destinadas a enfrentar la política patronal de fraccionamiento del colectivo laboral que han sufrido total falta de apoyo y hasta fuerte oposición en parte de sus propias ba-ses; en el caso de los trabajadores estables, por el temor de perder sus supuestos privilegios. Es que la situación de precarización extrema de los trabajadores tercerizados así como de los que son víctima de otras formas de fraude laboral, no sólo no encuentra respuesta adecuada por parte de la mayoría de las organizaciones sindica-les sino que –y esto es más grave- tampoco se advierte un rechazo consistente en la conciencia de los propios trabajadores. Es importante el porcentual de los que no cuestionan estas políticas de fraccionamiento, asumiendo su supuesta legitimidad.
En otras organizaciones –tanto a nivel de sindicato como de cuerpos de delegados- no ha habido siquiera intento de respuesta y –lo que es peor aún- en algunos casos ha sido (y es) manifiesta la complicidad –por acción o por omisión- con estas políticas empresarias.
Así resulta lamentablemente común en algunos establecimientos que cuando trabajadores subcontratados o eventuales o supuestos monotributistas recurren en pedido de auxilio a algún delegado la respuesta de éste sea negativa porque “solo representa a los trabajadores de planta”, o cuando van al sindicato, la respuesta resulte también negativa porque “solo están habilitados para representar a los afiliados”, condición que los precarizados no podrían obtener.
5. Ahora bien, si la falta de respuesta o la ineficacia de la misma, o la aceptación de la estrategia del capital de exclusión de parte del colectivo de trabajadores, es un fenómeno extendido en distinto grado en el sindicalismo tanto a nivel mundial como local, también es cierto que el profundo grado de deterioro y degradación alcanzado por una parte de la dirigencia sindical en nuestro país, con serios fenómenos de corrupción, complicidad directa y abierta con las peores estrategias empresarias y recurrencia periódica a actos de violencia para reprimir a los propios trabajadores supuestamente representados, configuran un fenómeno particular que tampoco se puede omitir.
Es cierto que estos casos han sido y son bien aprovechados por el capital: los mismos medios de prensa de difusión masiva que silencian el autoritarismo y la corrupción empresaria, así como su reiterada y extendida violación de las leyes, no vacilan en reproducir y resaltar entusiastamente las denuncias públicas contra algunos de estos dirigentes de forma de desprestigiar a la totalidad de la acción sindical.
Así, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad el concepto de sindicalismo solo tiene que ver con estas direcciones corruptas y ninguna relación con el esfuerzo militante de decenas de miles de trabajadores esforzados y dirigentes honestos que sacrifican parte importante de sus vidas en el enfrentamiento a la explotación laboral.
Estas direcciones cómplices se han constituido en un muy fuerte obstáculo para cualquier intento de respuesta gremial en sus respectivos ámbitos. Los casos de la UOCRA, el SMATA o de la misma Unión Ferroviaria, son algunos –pero de ninguna manera los únicos- ejemplos de direcciones que no vacilan en recurrir a grupos violentos para reprimir a sus propios trabajadores.
Y si bien cuentan con un fuerte apoyo en estructuras estatales y empresarias, ya se ha señalado que en la cuestión del abandono y rechazo de los tercerizados y otras variantes de trabajadores excluidos han podido contar también con cierto consenso de trabajadores supuestamente estables o incluidos en el limitado marco de protección legal.
6. Con la brutal ofensiva del capital en las últimas décadas del siglo veinte, así como el sindicalismo mundial ha tendido mayoritariamente a circunscribir su accionar a la defensa de un sector de trabajadores, aceptando la exclusión de otros (tercerizados, a tiempo parcial, eventuales, supuestos autónomos, etc.), los partidos políticos con determinada presencia histórica en la clase trabajadora han respondido –inversamente- extendiendo al máximo su ámbito formal de representación, al punto de no representar auténticamente a ninguno de los supuestos sectores comprendidos, lo que en definitiva redunda en beneficio de los grupos hegemónicos que apuestan sus fichas como negocio a todas las fuerzas políticas mayoritarias.
Esta forma de acumulación política no es nueva pero ha adquirido caracte-rísticas específicas y acentuadas en las últimas décadas.
En ese sentido nuestro país no es la excepción y las grandes fuerzas políticas representan a todos los sectores, lo que es lo mismo que no representar a ninguno o –en realidad- gestionar en definitiva los intereses más profundos de los sectores de mayor poder.
En el caso puntual del actual oficialismo, su configuración como proyecto político estuvo –y de algún modo aún está- fuertemente condicionada por la profunda crisis política y social del 2001.
La particularidad de la fuerte explosión social de ese año, expuesta en la recordada consigna “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, de una masividad extraordinaria pero también signada por la ausencia de un proyecto político alternativo desde los trabajadores, marcó de un modo u otro los fuertes aspectos renovadores pero también los claros límites de este gobierno
El kirchnerismo se vio obligado a auto-construirse como expresión política de poder apoyándose en una enorme variedad de sectores, entre ellos también los empresarios y el aparato sindical.
En ese sentido se puede decir que no es expresión de la clase trabajadora, pero su mayor y más eficaz respuesta en lo social le ha permitido contar con la adhesión de amplios sectores de la misma, aunque ese apoyo –por cierto condicionado y variable- no le alcanza para enfrentar los intereses de los sectores concentrados del capital en los cuales también debe sustentarse como condición última de gobernabilidad.
7. En este cuadro de situación, resulta difícil que el gobierno nacional pueda instrumentar una respuesta de fondo sobre la cuestión de los trabajadores tercerizados, o de los precarizados en sus diversas formas.
Es que para enfrentar una estrategia empresaria del capitalismo a nivel mundial, de tal magnitud y profundidad, parece necesaria otra construcción política, asentada monolíticamente en la clase trabajadora, así como una determinada ecua-ción de relaciones de fuerza.
Más allá de las imputaciones serias que se le puedan hacer a la política laboral del oficialismo, lo cierto es que en este punto las condiciones objetivas marcan límites precisos: no hay una clase trabajadora movilizada en función de enfrentar estas estrategias empresarias y cualquier respuesta auténtica que se intente afectaría en forma directa los intereses del capital y llevaría al gobierno a un enfrentamiento que no parece en condiciones de llevar a cabo.
La ausencia de una construcción alternativa eficaz desde abajo, es decir desde los trabajadores y sus organizaciones, que apoye o presione por una política de fondo más frontal, resulta un condicionante demasiado fuerte.
En el caso del conflicto particular de los ferroviarios, el gobierno se vio repentinamente enfrentado a un fuerte reclamo social por el bárbaro asesinato de Mariano Ferreyra y a puntuales protestas de organizaciones sociales y políticas de relativo peso, y a la vez –y en sentido contrario- con las presiones de fuertes sectores sindicales que salieron en defensa de la dirección de la Unión Ferroviaria y de secto-res del capital que advirtieron rápidamente sobre cualquier intento “aventurero e irresponsable” de cambiar las actuales reglas de juego.
Cabe señalar como elemento a tener en cuenta que la movilización de tercerizados en la que fue asesinado Ferreyra fue de muy escasas proporciones en relación a la totalidad de los trabajadores en esa situación en la línea del Roca, y que aún con posterioridad a ese hecho no hubo hasta ahora una respuesta masiva de esos trabajadores. La ausencia resulta tan evidente que el debate reflejado en los medios no fue tanto entre ministerio y tercerizados sino entre ministerio y partidos políticos de izquierda que apoyan el reclamo, lo que es un elemento a considerar seriamente en cuanto al insuficiente sustento del mismo en los propios trabajadores afectados.
8. Desde otro ángulo de visión surgen algunos interrogantes sobre ciertas situaciones complejas que se advierten en éste y en otros conflictos gremiales, en cuanto a las acciones desarrolladas por la militancia política en apoyo de los trabaja-dores, advirtiéndose en algunos casos la tendencia a suplantar la falta de voluntad o de decisión de los mismos para llevar adelante el reclamo.
Cabría preguntarse también si el desafío pasa por centrar el esfuerzo en demostrar a la sociedad que el gobierno no está dispuesto a hacer algo para lo que en realidad no fue votado, o en dar con inteligencia la pelea ideológica en la propia clase trabajadora, con propuestas que atiendan a los intereses materiales inmediatos de la misma y a su vez se inserten en planteos políticos que vayan más allá de los límites impuestos por el sistema, que rompan con la lógica del capital, pero desde una base real y no desde un cuestionamiento militante excesivamente abstracto y simplificado.
Cierto es que cualquier respuesta para ser realmente eficaz necesariamente debe superar los límites de la institucionalidad impuesta desde el poder y romper con la trampa de total separación y autonomización de los planos de acción económica sindical y acción política parlamentaria por los partidos políticos.
En ese punto los partidos de izquierda en la Argentina suelen hacer un planteo esencialmente correcto, superador del pensamiento sindical corporativo.
Pero ello no puede llevar a confundir la existencia de los dos ámbitos en cuanto a objetivos inmediatos, estrategias y tácticas, y en todo caso parece urgente repen- sar profundamente el papel de los partidos políticos en los conflictos sociales en el siglo veintiuno, y especialmente en la lucha gremial.
Teniendo en cuenta la experiencia de las últimas décadas, un punto esencial a discutir es alrededor de la titularidad de las decisiones en cada conflicto: desde el porcentual del aumento salarial reclamado hasta la forma del reclamo, la profundidad y dureza de las medidas, el punto de levantamiento y negociación, es decir todo aquello que hace a los objetivos planteados, al cálculo de oportunidad y a la medición de las fuerzas en juego.
Otra cuestión importante guarda relación con la finalidad del conflicto. Pare-ciera a veces que el mismo no debiera pasar por obtener lo más posible con el menor riesgo posible, aportando a su vez a cada triunfo el concepto político de los límites de lo obtenido dentro de los mecanismos metabólicos del sistema, sino por el desarrollo de un enfrentamiento que obtenga la mayor repercusión mediática posible aún a costa de una derrota, de modo de poder acusar al gobierno y al capitalista de turno de crueldad e injusticia.
Todo ello tiene que ver con un necesario replanteo de la práctica sindical, qué papel cumple, quiénes son sus protagonistas principales, cuál su importancia y cuáles sus límites, y cómo se vincula con otras cuestiones que hacen a un cuestiona- miento más global del sistema social en sí, donde también se insertan los reclamos por libertades democráticas, derechos humanos, cuestiones de género, los derechos de los grupos minoritarios y otras luchas sociales no específicamente sindicales.
9. En el contexto señalado en los puntos anteriores, los límites para cualquier respuesta que pueda intentar el kirchnerismo parecen evidentes.
Se comprometió al impulso y la no obstaculización de la investigación judicial, estructuró a través del Ministerio de Trabajo los acuerdos para la incorporación a planta de estos tercerizados, e impulsó una reforma del art. 30 de la ley de contrato de trabajo a través de un proyecto de ley que incorporó a su texto los aportes de los diputados Piumato, Recalde y otros diputados de distintos bloques.
Cabe señalar sin embargo que este proyecto legislativo también parece constituir más una rápida respuesta pública casi mediática a lo ocurrido en el conflicto ferroviario que un intento normativo serio.
Es que una lectura del mismo permite apreciar que se ha redactado un texto innecesariamente largo y reiterativo, a la vez que confuso y contradictorio. Parece la mezcla de soluciones distintas al problema y de cláusulas normativas ya existentes y probadamente ineficaces.
Con esos límites, el mismo significa un cierto pero muy limitado avance respecto del texto actual del art. 30, producto de la reforma de la original ley 20.744 por la regla estatal 21.297 del gobierno militar, y de la posterior reforma efectuada en la etapa también precarizadora de los años noventa.
Pero si se quiere arribar a una norma que por lo menos permita enfrentar con mayor contundencia algunos aspectos del fenómeno de tercerización, parece que debería mejorarse el texto, hacerlo más claro y preciso, y fundamentalmente más eficaz, ya que en el proyecto actual el aporte en ese sentido es muy limitado.
10. Cualquier reforma legislativa en la dirección ensayada constituye apenas sí un aporte menor en la respuesta necesaria pero podría resultar de importancia –con un texto más adecuado y coherente- en relación a muchos conflictos individuales, y en definitiva sumar al enfrentamiento de fondo.
Reivindicaciones como la de igual remuneración e iguales condiciones de trabajo por igual tarea, inclusión en convenios y otras tantas que han sido levantadas por trabajadores en distintos conflictos, deberían ser analizadas como parte de una estrategia de implementación de soluciones parciales pero no por ello sin importancia.
También cabría plantearse el interrogante sobre la posibilidad de una respuesta más auténtica y eficaz en el limitado –pero importante- ámbito de los trabajadores estatales, donde sí parece haber un reclamo extendido en amplios sectores organizados de los mismos, el que sin resultar masivo parece ser mucho más amplio que en los trabajadores de la actividad privada.
En ese sentido podría presionarse por un proyecto de ley que avance hacia la prohibición o condicionamiento a fondo de la tercerización en el ámbito estatal, salvo en los casos en que se justifique objetivamente por necesidades técnicas.
E incluso hacia la extensión de esa limitación a todas las empresas concesionarias de servicios públicos, las que deberían garantizar la provisión de su actividad con planta laboral propia.
En lo que hace al Ministerio de Trabajo parece indudable que se podría y debería reclamar un cambio profundo en su política de control que a su vez se apoye en una interpretación radicalmente diferente de la norma, que permita constatar los casos de fraude laboral masivo, como el de las agencias de servicios temporarios y falsas cooperativas e imponer las sanciones correspondientes.
Cierto que esto también resulta una respuesta que enfrentaría fuertes presio-nes desde los sectores empresarios, pero parece más factible reclamarle al gobierno la adopción de medidas en esa dirección y aportar con propuestas concretas en el mismo sentido, que permitan generar un debate serio sobre las relaciones laborales, lo que no dejaría de resultar un factor de acumulación en el conflicto de fondo.
11. En todo caso, cualquier avance real en dirección a una solución auténticamente integral, que pueda resultar superadora de respuestas parciales y por ello necesaria-mente limitadas, deberá ser producto de un proceso que evolucione hacia otra realidad política y sindical, ya sea por una presencia más fuerte y determinante de los trabajadores en la fuerza gobernante y una recuperación del control de sus organiza-ciones gremiales, ya por una nueva construcción política de clase y un nuevo modelo de organización y acción sindical.
Esto lo decidirán los propios trabajadores, pero mientras no se avance en conciencia y organización que permita superar el evidente aislamiento en las actuales experiencias de resistencia e inclusión, cualquier otra respuesta dista de constituirse en una alternativa viable.
No se trata de caer en interpretaciones posibilistas que solo admitan un accionar adecuado estrictamente al orden impuesto por la actual relación de fuerzas entre las clases.
Pero cabe preguntarse si no es posible ir más allá de la reiterada protesta generalizada y sustentada en denuncias y consignas que no parecen ser realmente incorporadas como propias por los trabajadores, y plantear seriamente alternativas concretas que no ignoren la coyuntura mundial y la actual relación de fuerzas en el ámbito nacional, y a la vez que enfrenten con inteligencia la lógica del capital, desca-lificando los argumentos y acciones que han servido para fraccionar al máximo las condiciones laborales y debilitar a la clase, avanzando hacia la construcción de un nosotros que permita dar la pelea en otro espacio y con otras posibilidades.
* Guillermo Pérez Crespo
abogado laboralista, integrante del Taller de Estudios Laborales
La organización que nuclea a estas agencias informa una cantidad de cien mil trabajadores eventuales contratados por medianas y grandes empresas a través de las mismas. Cualquier mínimo control per-mitiría constatar que más del noventa por ciento no son en realidad eventuales y que existe un fraude laboral de proporciones escandalosas. El art. 26 del decreto 1694/06 establece que el Ministerio de Trabajo deberá constituir un Observatorio de Buenas Prácticas en materia de servicios eventuales, con el objeto de evaluar las condiciones generales y particulares en que se desarrolla la actividad para una mejor aplicación de la norma. Ese Observatorio no ha sido jamás constituido. El art. 9 del decreto 1694 determina que bimestralmente las empresas de servicios eventuales deberán proveer al Ministerio de Trabajo un resumen de su actividad, en el que constará el detalle de la nómina completa de los trabajadores contratados para prestar servicios por la modalidad de contrato de trabajo eventual, informando –entre otros datos- la fecha en que el trabajador comenzó su prestación de servicios en la empresa usuaria. Esto tampoco es cumplido. En el caso de las falsas cooperativas basta recordar como ejemplo negativo la política del ministerio en los conflictos de las fraudulentas cooperativas pesqueras de Mar del Plata.
